Parecía que nunca iba a llegar el día en que Marbella contara con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero tras 24 años de incertidumbre el 29 de enero hubo luz verde por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) y sólo restan, en un tiempo aproximado de un mes, algunos cambios menores para su aprobación definitiva.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) apoyó desde primera hora la labor del CIT-Marbella y de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores (ACP), integradas en la propia CEM, para sumar esfuerzos en pos de que Marbella estuviera dotada de este imprescindible instrumento jurídico. Además, se ha contado con la necesaria colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Las notas más destacadas del amplio acuerdo alcanzado en la COTUA están referidas a la regularización, mediante un sistema de compensación, del 92 por ciento de las 18.000 viviendas ilegales construidas, aunque el Ayuntamiento deberá incluir la suspensión de cinco áreas urbanísticas para proteger espacios libres en el litoral, 1.100 inmuebles sin habitar o en estructura y 500 viviendas en la franja litoral.

A la pregunta de cómo quedará Marbella tras la aprobación del nuevo PGOU, algunos datos pueden dar respuesta. Se alcanzarán los 4,8 millones de metros cuadrados de espacios libres, el ratio de equipamiento supone 12,02 metros cuadrados por habitante y la posibilidad de construcción de 26.477 nuevas viviendas, de ellas 9.459 de VPO.

Desde la CEA, la CEM, el CIT y la ACP, siempre se ha insistido en relación a Marbella y a cualquier otro municipio, que la falta de PGOUs o, lo que es lo mismo, de las normas esenciales de desarrollo urbanístico, además de incertidumbre jurídica produce la paralización de inversiones, imposibilitando el progreso económico y la creación y mantenimiento de empresas y empleo.

En Málaga capital también se está a la espera de que, en unos dos meses, puedan estar resueltas las diferencias que separan a la Junta de Andalucía del Ayuntamiento de la ciudad, y ésta es otra de las claves que explican el largo proceso que arrastran los PGOUs, las diferencias políticas entre Administraciones, extremo éste que, desde la CEM, se ha considerado negativo para los intereses generales, siendo éstos los que deben primar en cualquier caso. El parque Arrajainal –para disfrute de los ciudadanos, en oposición a su urbanización, según la Junta- y el llamado megahospital, son dos de estas diferencias.