La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, en sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero, aprobó la comunicación de la teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda, Carolina España, por la que se impartían instrucciones a todas las áreas y distritos municipales, organismos autónomos, empresas municipales y entidades en general del Consistorio de la capital para no exigir a los licitadores la constitución de las garantías provisionales a las que hace referencia el artículo 91 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Como ya ha informado en reiteradas ocasiones la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ésta ha solicitado a todas las Administraciones Públicas que no se exija a las empresas que licitan a contrataciones del sector público las garantías provisionales –no las definitivas-, puesto que supone la inmovilización de un capital del que están muy necesitadas las empresas en estos momentos de falta de liquidez y tesorería. Coín. Torremolinos, Rincón de la Victoria y Málaga son, hasta la fecha, los ayuntamientos que se han pronunciado favorablemente a esta razonable propuesta de la CEM, asimismo la Diputación Provincial y otros municipios estudian la próxima aprobación de esta medida.

La exigencia de esta garantía obligaba, según lo establecido en el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a todos los empresarios que se presenten a una licitación, aunque sean autónomos, a depositar un aval u otra garantía y mantenerla hasta la adjudicación provisional del contrato con los consiguientes costes financieros que les supone a cada uno de los que se presentan, agravados en estos momentos de aguda crisis económico-financiera.

Esta supresión en la ciudad de Málaga de las garantías provisionales supone, en alguna medida, un alivio a las numerosas cargas que soportan los autónomos y las empresas en general.